Vientos del Istmo ponen al descubierto mitos y mentiras de proyectos eólicos en la zona Huave


Oaxaca | pagina3.mx | Pedro MATÍAS | 
Después de siglos de abandono, el pueblo Ikojts (Huave) ahora es centro del debate nacional e internacional.
Y es que de las tinieblas de la marginación en las que ha permanecido este pueblo indígena de San Dionisio del Mar, ahora se ha desatado una guerra por la energía eólica o energía del viento que ha levantado un aire negro, bajo el cual se ocultan intereses económicos, políticos, sociales y culturales.
El proyecto del parque eólico Barra de Santa Teresa -que tendrá una inversión de 13 mil millones de pesos mexicanos para la construcción de 132 torres con aerogeneradores y una línea de transmisión de 52 kilómetros-, ha llegado de los tribunales nacionales e internacionales a la tribuna de la LXI legislatura local.
Este proyecto ha puesto al desnudo cadenas de corrupción, mezquindades, incapacidades, omisiones, ambiciones, mitos y mentiras que han generado división, confrontación, intolerancia, una guerra mediática y hasta choques entre integrantes del gabinete de Gabino Cué.
La realidad es que ante la falta de oficio político del gobierno de Gabino Cué, el proyecto no solo se encuentra en “receso” y en riesgo de que la inversión se vaya definitivamente, sino que ha generado una serie de movimientos afines y en contra de los proyectos eólicos.



Los diputados hablan…
Apenas en febrero pasado, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Flavio Sosa Villavicencio, exhibió, en la tribuna del Congreso del Estado, un contrato aún vigente entre comuneros de Santa María del Mar y la empresa Preneal México, donde esa compañía eólica paga 9 pesos con 58 centavos por hectárea al mes, y a cambio gana mil millones de pesos.
Al denunciar el “trato abusivo, injusto e ignominioso” a indígenas, precisó que el contrato reveló que los comuneros cedieron a la compañía Preneal el uso de dos mil hectáreas para la instalación de una planta eólica a cambio del pago de 115 pesos anuales por hectárea; es decir, nueve pesos con 58 centavos al mes por cada 10 mil metros cuadrados.
Es por ello que demandó al gobernador Gabino Cué encabece un diálogo entre comuneros de San Dionisio del Mar y de la agencia municipal Álvaro Obregón de Juchitán, y la empresa Mareña Renovables, en conflicto por la instalación de un parque eólico en tierras comunales del Istmo de Tehuantepec, con el fin de llegar a acuerdos en beneficio de todas las partes.
También exigió al Ejecutivo estatal asumir su obligación de vigilar que los acuerdos entre indígenas e inversionistas para la instalación de generadores eléctricos no sean francamente desventajosos para los oaxaqueños, como ha ocurrido en contratos establecidos previamente por otras empresas.
E hizo un llamado “a oír primero a las y los indígenas mareños, y después a la empresa multinacional” y establecer una mesa de diálogo con el fin de cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos indígenas, y ventilar públicamente el conflicto por el parque en la barra de Santa Teresa.
“Estoy a favor de la instalación de parques eólicos, estoy a favor de la inversión productiva que beneficie a las y los habitantes de nuestro estado que, riquísimo en recursos, ha sido empobrecido por la mala administración de gobernantes que generación tras generación han venido a servirse de los dineros del pueblo”, externó el legislador.
Antes, citó información de la propia empresa según la cual en marzo de 2011 vendió sus dos proyectos eólicos en Oaxaca a un consorcio multinacional integrado por el grupo empresarial FEMSA y Macquarie Capital, en una transacción con un valor de 89 millones de dólares, que equivalen a mil 130 millones 300 mil pesos, lo que consideró como una explotación injusta de los recursos de los campesinos.
Por consiguiente, consideró necesario revisar las condiciones en las que los indígenas huaves firmaron dicho acuerdo, pues han manifestado que no les fue leído en su idioma, que fueron engañados y presionados para firmarlos.
En ese sentido, citó un estudio de la UNAM que menciona “la cooptación de representantes de las comunidades y la simulación de asambleas ejidales con firmas de personas fallecidas y otras que no aparecen en el padrón ejidal para agilizar la firma de contratos y negociaciones individuales entre propietarios y empresas, con el fin de excluir a las asambleas ejidales”.
Y lanzó varias preguntas: “¿Qué ha hecho la actual administración para invalidar este leonino acuerdo, hoy aún vigente? ¿qué hace para evitar que las y los indígenas de San Dionisio del Mar y de Álvaro Obregón sean explotados de la misma manera? ¿Qué hace nuestro gobierno para asegurarse de que Mareña Renovables establezca un trato justo con las y los ciudadanos oaxaqueños?”
 
Foto: Agencia 50mm.

Bancada priista…
El coordinador de la bancada del PRI, Francisco García López, denunció que ante “la falta de operación política y las tensiones acumuladas bajo la presión de grupos extremistas amenazan hoy la viabilidad de esas inversiones”.
“Son inversiones que explotan las ventajas comparativas de la región del Istmo, como sugieren las agencias que califican la pertinencia de la inversión en un entorno mundial cada vez más competitivo”, señaló.
Dentro de estas ventajas, remarcó que esa región del Estado tiene uno de los mayores potenciales en el mundo para la generación de energía limpia, con 10 mil megawatts, por lo que gracias a una inversión que alcanza los 1 mil 200 millones de dólares, se pasó de generar 1.5 a 1,263 megawatts y así Oaxaca produce en la actualidad el siete por ciento del total nacional de energía renovable.
No obstante, ante estas ventajas comparativas y la aceptación de la mayoría de la población por los beneficios que está trayendo a la economía de la región, estas “se ven socavadas, por no decir saboteadas”, alertó.
Es por ello que los Legisladores del PRI propusieron que el Gobierno del Estado asuma una posición responsable y que no defienda a las empresas, sino la inversión productiva en beneficio de la población de esa región y de la entidad, en defensa de la inversión productiva ante los ataques de grupos que han medrado con este proyecto.
Pidieron que la administración estatal se establezca comunicación con las autoridades municipales y agrarias, así como con los habitantes de la zona para garantizar sus derechos de propiedad y de ser partícipes de las bondades de este proyecto estratégico, al tiempo de exigir a las propias empresas que la generación de energía alternativa en realidad sea limpia.
Antes, el 7 de diciembre de 2012, el juez séptimo de Distrito, Isaías Corona Coronado, concedió un amparo a la comunidad indígena Ikojts de San Dionisio del Mar donde ordena la “suspensión” de actos reclamados por la instalación del parque eólico en la Barra Santa Teresa, informó la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Según el expediente 739/2012, “con fundamento en el artículo 233 de la Ley de Amparo, de plano, decreta la suspensión de oficio de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables no priven total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso, respecto de los terrenos ubicados en la Barra Santa Teresa”.
Además especifica que dicha suspensión “hágase del conocimiento de las autoridades responsables… en términos de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 23 de la ley de la materia, para su inmediato y debido cumplimiento bajo su más estricta responsabilidad”.
Cabe mencionar que este amparo federal se concedió un día después de que la LXI Legislatura del Estado aprobó la integración de una Comisión de Intermediación para coadyuvar en la solución de los conflictos derivados del proyecto eólico en la región del Istmo, que no solo ha generado división y enfrentamientos sino que las empresas amagan con retirar sus inversiones.
Apenas el pasado 29 de noviembre un grupo de priistas de San Dionisio del Mar, encabezado por Jorge Castellanos, intentó desalojar a los opositores al parque eólico que ocupan el palacio municipal desde el 29 de enero de 2012.
Sin embargo, la eficaz organización de la población en resistencia logró impedir este desalojo y capturar a dos de las personas que entraron con violencia a saquear el casino municipal.
Antes, el 10 de octubre, acusaron al subsecretario de Gobierno, Rodrigo Velázquez, de coordinar el bloqueo a la caravana humanitaria a San Dionisio del Mar, en la cual los inconformes fueron amenazados con palos, piedras y con ser rociados de gasolina y quemados.
Consideran que “estos personajes son los quienes impulsan el proyecto eólico, mientras tanto, el gobierno estatal en vez de tratar de encontrar una solución a la situación de tensión, utiliza a estos grupos para aumentar la situación de riesgo e intimidar a la población en resistencia”.

FALTA DE OFICIO POLÍTICO
Por su parte, el gobernador Gabino Cué manifestó que “esta administración jamás permitirá que ninguna inversión privada o pública en el estado pudiera lastimar a la sociedad, al afectar su patrimonio, la tierra y el entorno ecológico”.
En el caso de Mareña Renovables, dijo que la empresa ha presentado los permisos de las instancias federales que garantizan que no afectarán el entorno natural de la comunidad huave de San Dionisio del Mar.
Recordó que la empresa lleva cuatro años de tener presencia en Oaxaca, tiempo en el que ha solventado el pago de la renta de las hectáreas donde tiene planeado instalar los aerogeneradores, además de pagar los impuestos y derechos federales, estatales y municipales para ejercitar su actividad productiva.
En síntesis, Mareña Renovables ha cumplido con todas las disposiciones legales y ambientales para su instalación en San Dionisio del Mar, puntualizó.
Es por ello que “el Gobierno de Oaxaca continuará respaldando todas aquellas inversiones que promuevan en Oaxaca la generación de empleos, bienestar y progreso para todas las comunidades y regiones de la entidad, por lo que seguirá asumiendo una labor de facilitador e intermediario para sensibilizar a quienes se oponen a la instalación de la empresa Mareña Renovables, en San Dionisio del Mar.
Reiteró que Mareña Renovables contempla una inversión del orden de 13 mil millones de pesos para la instalación de aerogeneradores de energía eólica, lo que redundará en mayores empleos y beneficios directos para esta población del Istmo de Tehuantepec.
Respecto a los incidentes que ocurrieron en febrero refirió que en se instrumentó un operativo policial para realizar un reconocimiento por tierra en la zona, pero las fuerzas del orden fueron agredidas por miembros de un grupo de alrededor de 40 jóvenes con actitud hostil, los cuales no representan los intereses mayoritarios de la población”.
“Son grupos pequeños y estamos revisando que intereses hay detrás de ellos. El fin de semana fueron detenidas dos personas pero son delitos que no ameritan cárcel. Y la presencia de la policía es para crear las condiciones de seguridad y la policía fue agredida por un grupito minoritario de 30 o 40 personas, la gran mayoría alcoholizados”, puntualizó.
“No hubo operativo de desalojo, (al contrario) la policía fue agredida a pedradas por pequeños grupos de gentes que agredieron a la policía y se detuvo a dos personas alcoholizadas y al no ver delito mayor fueron liberadas”, remató.
Antes, el 25 de septiembre de 2012, el gobernador Gabino Cué se jactó de que en “Oaxaca se están abriendo nuevas oportunidades para la inversión y el empleo, a través de la generación de Energía Eólica en el Istmo de Tehuantepec, acciones que se desarrollan en un marco de legalidad y respeto irrestricto a los ecosistemas y decisiones de las comunidades”.
Al inaugurar el Segundo Foro Internacional de Energías Renovables 2012, se regodeó de que el Corredor Eólico del Istmo operan 7 empresas nacionales e internacionales que han instalado 685 aerogeneradores en una superficie mayor a 8 mil hectáreas, con una inversión cercana a mil 900 millones de dólares.
Ante expertos de Alemania, Colombia, Bélgica, Brasil, China, Singapur, Estados Unidos, Filipinas y México, Gabino Cué sostuvo que el del Istmo es uno de los proyectos de energía renovable más importantes del mundo, que ha favorecido la generación de tres mil 700 empleos directos y tres mil 400 indirecto.
Informó que actualmente se encuentran en proceso de construcción cuatro centrales eléctricas más, las cuales entrarán en operación en 2013, con capacidad para generar 462 mega watts, a través de 339 aerogeneradores, en una superficie mayor de tres mil hectáreas y una inversión adicional de 864 millones de dólares.
Es así –dijo- como estamos aprovechando el potencial de la naturaleza para contribuir a nuestra seguridad y autonomía energética, a la vez que con plena responsabilidad ambiental se persevera en el esfuerzo global de combate al efecto invernadero.

Grupos opositores…
En tanto que los habitantes de San Dionisio del Mar se quejaron de que libran una serie de acciones de “intimidación, amedrentamiento y hostigamiento por parte de individuos armados en contra de comuneros indígenas en resistencia contra el proyecto eólico”.
Por tal razón, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio emitió una acción urgente donde demandaron que “se respete el derecho de los pueblos indígenas en general y de los ikojts y Binni’zaa del Istmo de Tehuantepec en particular, de manejar su territorio”.
Apenas el pasado 4 de febrero, la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio calificó como un “triunfo” salir avante ante la reciente “ofensiva” gubernamental.
Y agregó:
“La violencia policial, las amenazas de sicarios y los intentos de corromper y dividir a las comunidades fracasan nuevamente frente a la firme resistencia y dignidad de los pueblos indígenas del Istmo que defienden su territorio de la invasión por el megaproyecto eólico de Mareña Renovables, impulsado por FEMSA-Coca Cola, Heineken-Cuauhtémoc Moctezuma, Mitsubishi, Macquarie, el Banco Interamericano de Desarrollo y PGGM”.
Y responsabilizaron al gobierno del estado y a Mareña Renovables del atentado contra la integridad física de quienes participan en esta lucha.
Además, se jactaron que “la fortaleza e integridad demostrada por las comunidades del Istmo en estos días han demostrado que Mareña y Cué no tienen ninguna posibilidad de invadir la Barra de Santa Teresa”.
Advirtieron que “las comunidades continuamos en alerta máxima, seguiremos defendiendo nuestra Barra de Santa Teresa de los invasores. Si continúan escalando la violencia, únicamente lograrán reforzar la resistencia y provocar un serio problema de orden público”. “Esperamos que las multinacionales involucradas en Mareña Renovables desistan de este comportamiento criminal para no ver su imagen pública asociada a un cruel e innecesario derramamiento de sangre indígena”, puntualizaron.
Confían “en que pronto llegará el anuncio de abandono definitivo por parte de Mareña Renovables. Ese día, celebraremos una nueva victoria de la dignidad indígena del Istmo de Tehuantepec”, se regodearon.

Apoyos de otras organizaciones…
Estas acciones han sido respaldadas por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con marchas y mítines para refrendar su apoyo a los pueblos indígenas que se encuentran en resistencia contra los proyectos eólicos.
La Sección 22 del SNTE hizo un enérgico llamado al gobierno federal y estatal para exigir la salida inmediata de la policía en territorio Ikojts, detener el proyecto eólico y realizar una consulta transparente como lo dictan los tratados internacionales.
Destacaron que las “llamadas energías limpias, además de la contaminación, agresión a la flora y la fauna de la región llegan acompañadas del despojo de las tierras de sus legítimos dueños: los zapotecos, zoques, mixes y huaves”.
Los maestros exigieron el “inmediato retiro de la fuerza estatal de las comunidades de San Dionisio del Mar y Álvaro Obregón, así como a personal de la empresa Mareña Renovables”.
Además, pidió que “se garantice la integridad física de las personas que se encuentran en resistencia y defienden sus tierras”.
Antes, el movimiento magisterial cuestionó no solo al gobierno de Gabino Cué sino a la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), lo que podría significar una ruptura con su otrora organización aliada y medición de fuerzas con las autoridades gubernamentales para presionar con el Plan de la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO).
A través de un comunicado, la Sección 22 resaltó que “el gobierno oaxaqueño, con la complicidad de los viejos y obsoletos liderazgos de la otrora combativa COCEI, no hallan la forma de socavar la digna resistencia de las naciones huaves contra la entronización de la empresa Mareña Renovables”.
Mencionaron que “el anuncio de esta empresa de retirar la magnífica inversión equivalente a los 13 mil millones de pesos, no indica más que dos cosas: la firmeza de los pueblos huaves para defender su tierra y su territorio, y la incapacidad de un gobierno para promover los cambios en favor de los pueblos oprimidos y explotados ¡Compromiso de campaña que no ha cumplido!”
Y agregaron: “Está demostrado que los conflictos políticos, entrañan fuertes intereses económicos, y los pueblos huaves lo ratifican”.
“Antes de la agudización del conflicto, el gobierno se relamía las manos saboreando las grandes comisiones que recibirían al autorizar la ejecución de las obras. Frustradas sus ambiciones, han solicitado la intervención del ejército, la policía estatal, y han echado a andar a su jauría para detener, desaparecer y asesinar al compañero Rodrigo Flores Peñaloza”, puntualizó.
¿Quién tiene el interés de quebrantar la dignidad de los pueblos huaves para llevarse las ganancias con la instalación del parque eólico y en nombre de quién lo hace? Preguntaron al tiempo que señalaron al ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano por ser miembro de la consultoría de la empresa que ahora ve frustradas sus inversiones.
Aunque el gobierno del estado desmintió versiones de desalojo y enfrentamientos, la Sección 22 dijo que “desde la noche del 31 de enero, ordenó el sitio militar y policiaco a las localidades de Álvaro Obregón y San Dionisio del Mar, pero además, se tiene la información de que buscan a toda costa, al profesor, Rodrigo Flores Peñaloza, hecho que lo obligó a huir de la zona y buscar refugio en otros lugares para garantizar su vida y la de su familiares”.
Es por ello que “responsabilizamos a la empresa Mareña Renovables y al gobernador Gabino Cué, de la integridad física de todos los compañeros en resistencia y específicamente, la del compañero Rodrigo Flores Peñaloza”, finalizó.

MAREÑA RESPONDE A LOS ATAQUES
En respuesta a todos los señalamientos, la empresa Mareña Renovables aclaró que “no hay ningún vínculo con la familia (de Juan Camilo) Mouriño ni con la familia (del ex presidente Felipe) Calderón, ni con la familia (del ex gobernador Diódoro) Carrasco; ninguna de estas familias es parte del grupo de inversionistas del Parque Eólico San Dionisio.
La gerente de relaciones gubernamentales de la multinacional, Edith Ávila Romo, afirmó, en diciembre pasado, que la empresa Mareña Renovables Capital, S.A.P.I. de C.V., es controlada por el Fondo de Infraestructura Macquarie junto con la japonesa Mitsubishi Corporation y la holandesa PGGM (Fondo de Pensiones para el Cuidado y Bienestar), continuará con el proyecto de energía eólica en San Dionisio y Santa María del Mar.
“Este proyecto empezó con un voto de confianza del gobierno holandés y del gobierno mexicano y con ellos hay un grupo de 15 bancos entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo que aprobó un préstamo de hasta 1.100 millones de pesos mexicanos (unos US$72 millones) para la construcción de un parque eólico de 396 megavatios en el estado mexicano de Oaxaca”, puntualizó.
Respecto a los problemas que enfrentan con organizaciones como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo liderada por Carlos Beas Torres y con la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio con Bettina Cruz Velázquez y Rodrigo Flores Peñaloza, dijo:
“No nos gustan los chantajes, no nos doblan los chantajes, son muy identificables los chantajes que estamos recibiendo y de dónde vienen y nos ponen en alerta no solamente a Mareña sino a otras empresas (a las que les generan incertidumbre qué va a pasar con sus proyectos e inversiones)”.
Entonces,  “ese tipo de ataques particulares tan focalizados hacia nosotros y aunque hemos ofrecido el diálogo no se nos ha concedido y eso genera desconfianza, no en nosotros porque tenemos una visión muy clara de lo que vamos a hacer y no vamos a desistir”, puntualizó.
Según un comunicado, el proyecto, el mayor parque eólico de México y unos de los más grandes de América Latina, se llevará a cabo en la región oaxaqueña de La Ventosa, una de las zonas con mejores recursos eólicos del mundo.
La planta suministrará energía a subsidiarias y miembros de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma (CCM - Heineken), bajo 33 acuerdos de autoabastecimiento. Esto permitirá ahorrar aproximadamente 10 por ciento de los costos totales de energía.
El proyecto consistirá en la construcción de 132 torres con aerogeneradores y una línea de transmisión de 52 kilómetros que conectará el parque con la red eléctrica. Se prevé una reducción de emisiones de dióxido de carbono en hasta aproximadamente 1 millón de toneladas por año.
Sin embargo, esto ha acarreado una serie de enfrentamientos entre autoridades municipales y un grupo de inconformes de esta localidad Huave, la toma del palacio municipal, desalojos y el impedimento de la llegada de una misión de observación civil.
Fue pasado 31 de enero cuando la empresa eólica Mareña Renovables advirtió que “si no hay ninguna seguridad jurídica (en Oaxaca) ya, nos iremos a otro estado o a otro país” y con ello se cancelaría el proyecto eólico más grande Latinoamérica y se perdería una inversión de mil millones de dólares -13 mil millones de pesos-.
El presidente del Consejo de Administración de la empresa Mareña Renovables, Jonathan Davis Arzac, declaró que “ya no estamos dispuestos a esperar. Si no podemos trabajar (en San Dionisio del Mar), vamos a cerrar (porque) ya no estamos dispuestos a esperar ya. Ya necesitamos que esto se arregle de inmediato”.
Insistió en que “ya no puede la empresa seguir eternamente aquí esperando a ver qué día los 20 señores que se sientan ahí (a bloquear) se van a mover”.
En el marco del congreso México WindPower, Davis Arzac resaltó que lo que “necesitamos es que se aplique la ley”.
Y agregó que “jamás ninguna empresa va a querer aterrizar en Oaxaca porque no hay ninguna seguridad jurídica, ya nos iremos a otro estado o a otro país. No es manda”.
Consideró que “es una aberración que un grupo de gente que está al margen de la ley pueda parar un proyecto así y va a dar una terrible señal”.
Luego de aclarar que con el parque eólico en San Dionisio del Mar “no vamos a mancillar los lugares sagrados, no vamos afectar la pesca, no vamos a contaminar la laguna”, resaltó que para dar certeza a cualquier proyecto tiene que haber un estado de Derecho”.
Y es que “en ningún país, ciudad o inversionistas institucionales como nosotros vamos a operar si no hay seguridad jurídica y esto quiere decir cumplimiento de las leyes”.
Explicó que “no hay nada que no se haya cumplido” porque cuentan con 66 permisos de 11 autoridades distintas como la Semarnat que otorgó permisos de uso de suelo y de impacto ambiental, es por ello que “queremos hacer el proyecto y que se aplique la ley a quien corresponda”.
Antes, explicó que el parque eólico de San Dionisio es el más importante de Latinoamérica al contar un una inversión de mil millones de dólares, de los cuales 700 millones lo aportan los bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo y 300 millones de inversionistas.
Hizo hincapié que “el gobierno federal está muy preocupado y el gobierno del estado no se diga porque nos parece una aberración que estos pequeños grupos que no tienen representatividad y que no expresan qué es lo que les molesta, estén impidiendo que este proyecto vaya adelante”.
Igualmente dijo estar en desacuerdo con la “colección de enormes mentiras porque publican y publican y desinforman, es una campaña de desinformación”.
El empresario destacó que a la fecha han otorgado alrededor de un millón y medio de pesos para las comunidades, sin embargo, de instalarse el parque eólico, San Dionisio del Mar recibiría 17 millones de pesos al año, cantidad que significa 10 veces más de sus participaciones federales.
Posteriormente, el 12 de febrero, el director general de la empresa eólica Mareña Renovables, Andrew Chapman, declaró que con la formación de una policía comunitaria en el poblado de Álvaro Obregón se ve más lejana la oportunidad de un diálogo con los opositores al proyecto del Parque Eólico en el Cabo de Santa Teresa.
“Mareña Renovables lamenta que algunos miembros de la agencia de Álvaro Obregón hayan acordado crear una policía comunitaria como respuesta a la oposición de tintes ideológicos que se ha dado en la región contra la inversión en energía renovable”, agregó.
Y añadió: “Lo que se requiere para llegar a un acuerdo es una mesa de negociación y la apertura al diálogo. Lamentamos que por prejuicios sea imposible dialogar y se dé la impresión de que las comunidades se fortalecen con esta oposición cuando por el contrario, pierden una importante oportunidad para desarrollarse y ganar autonomía económica”.
Sin embargo, reiteró su apertura a dialogar para responder a las comunidades sobre el proyecto y los beneficios que éste traerá al Istmo de Tehuantepec.
Insistió en que “el Parque Eólico Istmeño en San Dionisio del Mar y en Santa María del Mar fortalecerá a las comunidades así como a los habitantes de la Agencia de Álvaro Obregón que proveerá el acceso para la construcción del parque”.
“Nuestro proyecto proveerá ingresos a las comunidades durante veinte años; los recursos derivados de la generación de energía podrán destinarse para emprender proyectos productivos o generar infraestructura.
Aunque, “los opositores al proyecto han querido transmitir que el proyecto los hace débiles cuando por el contrario, los beneficios que obtendrán les permitirán ganar autonomía económica”, agregó Chapman.
Mencionó que Mareña Renovables se ha comprometido a otorgar un porcentaje de las utilidades a las comunidades en donde se instalará el parque eólico, mismas que ya se ven beneficiadas por las rentas de usufructo que son de mil pesos por hectárea.
Mientras que San Dionisio del Mar recibirá por la generación de energía entre 15 y 17 millones al año, además del pago por el usufructo de la tierra de mil pesos por hectárea. Y algo similar ocurrirá con Santa María del Mar.
Destacó que esos beneficios fortalecerán a las comunidades del Istmo pues  podrán ser invertidos en productos productivos, en educación y en salud.
Detallaron que el pago que se realiza a los ejidos de Charis y Zapata por la servidumbre de paso es de 1.5 millones de pesos al año por utilizar 3 kilómetros caminos.
Cabe mencionar que éste es un pago por la renta de la tierra que permite que sus habitantes las sigan utilizando, mientras que la construcción del camino que permitirá el transporte de materiales al Cabo Santa Teresa creará empleos tanto directos como indirectos para la población local.
Respecto a la pesca, Mareña Renovables está consciente de que la pesca en la laguna Superior y de Tileme es una de las principales fuentes de trabajo de los habitantes de la región, es por ello que quienes se oponen al proyecto han realizado durante varios meses una campaña de desinformación y difamación basada en mitos que han inquietado a la población.
Entre la desinformación que se maneja, dijo, mencionan que “los aerogeneradores derraman litros de aceite que ponen en peligro la vida lagunar o las plantaciones alrededor de los aerogeneradores.
Sin embargo, Andrew Chapman recalcó: “Los aerogeneradores no dañan la laguna, estarán sobre tierra firme en el cabo Santa Teresa; no generan vibraciones o ruido que impacten a los peces, ni derraman sustancias dañinas para la fauna marina”.
Además, los tres muelles que se construirán para la carga y descarga de materiales estarán construidos sobre pilares, que permiten el paso normal de las corrientes marinas y no afectan el medio natural de desarrollo de los peces y del camarón.
Aclaró que las actividades pesqueras se restringirán temporalmente sólo en las secciones en obra y Mareña Renovables se compromete a ofrecer transporte gratuito para los pescadores que requieran ir a las secciones libres y seguras.”
Asimismo, Mareña Renovables se ha comprometido a apoyar a los pescadores de la laguna Superior y de Tileme impulsando el desarrollo de la pesca con proyectos que tienen la finalidad de aumentar la producción, empacar y comercializar la pesca en mejores condiciones.
De igual forma, la empresa eólica Mareña Renovables rechazó todas las acusaciones de violencia y exhortó a quienes se oponen al parque eólico a mantener la paz en la región y a respetar a la ley y la voluntad de la mayoría.
Aclaró que “el proyecto del parque eólico Istmeño ha sido diseñado con el más alto respeto por las comunidades, sus derechos, tradiciones e historia y es apoyado por la mayoría de los ciudadanos de San Dionisio del Mar y Santa María del Mar.
Luego de externar su respeto a los pueblos Ikojt (HUAVE) y Binni’zaa (Zapoteco), condenó firmemente todo acto de violencia y de intimidación que se haya cometido o se comentan contra la población.
Mareña Renovables lamentó que quienes se oponen al proyecto del Parque Eólico Istmeño
San Dionisio, realicen una campaña de desinformación y difamación basada en falsedades que han inquietado a la población.
Citaron como ejemplo que afirmen que los aerogeneradores derraman aceite, que ponen en peligro la vida lagunar o las plantaciones alrededor de los aerogeneradores.
Bajo esta misma lógica de  mentir para aterrorizar, los opositores también han levantado falsos sobre amenazas de muerte; y más grave aún, han incitado irresponsablemente a algunos pobladores de las comunidades de Emiliano Zapata y San Dionisio del Mar a realizar actos de violencia y conducirse fuera del marco de la ley.
Miembros de la empresa admitieron que se equivocaron en la forma de presentar información a los Ikojts sobre la operación del parque eólico, en particular sobre los beneficios para la comunidad.
“No lo hemos hecho muy bien, pero estamos a tiempo para subsanar esta deficiencia”, afirmó Jonathan Davis Arzac,
Aseguró que el parque es un proyecto extraordinario de gran beneficio, donde no habrá perdedores sino que todos serán ganadores. No hemos sido atinados en la forma de difundir la información, y si no contamos con su respaldo, no tendremos éxito. Un proyecto de este tipo sin un proceso permanente de comunicación sería suicida.
Reconoció que la desinformación generó rumores y mitos, como la pérdida del territorio, afectaciones al ambiente en la Laguna Superior, así como daños en la isla Tileme y otros lugares sagrados de San Dionisio del Mar.
“No se les quitarán sus tierras. Solamente se rentarán y podrán seguir utilizándolas para la siembra u otra actividad; no se dragará la laguna, ni se afectará el manglar ni se les quitarán sus lugares sagrados. La empresa respetará los usos y costumbres. No se cambiará la forma de ser de los indígenas ikojts. El pueblo es y será dueño de su destino”, insistió.

                                   CUE AMAGA CON APLICAR LA LEY
En respuesta el gobierno de Gabino Cué reiteró su disposición de asumirse como mediador y facilitador de acuerdos que satisfagan a las partes involucradas en el conflicto que prevalece en San Dionisio del Mar entre opositores al parque eólico y la empresa Mareña Renovables.
En caso contrario, advirtió que “se reserva su obligación de intervenir por la vía de la legalidad cuando se amenace la paz y la estabilidad social, así como contra actos que vulneren los derechos de terceros”.
Antes, el gobierno del estado hizo “un llamado respetuoso para deponer actitudes de fuerza y regresar a la mesa de diálogo que de manera permanente ha instalado la Secretaría General de Gobierno, a fin de alcanzar acuerdos y consensos perdurables que generen bienestar para las familias del Istmo de Tehuantepec, así como el desarrollo de la libre empresa para la generación de empleo y de riqueza social”.
Precisaron que “la Administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo, a través de la Secretaría General de Gobierno ha venido actuando de conformidad a sus facultades y atribuciones en los últimos 25 meses para generar condiciones perdurables que faciliten la atracción de mayores inversiones a la entidad en el marco de la ley”.
Hizo hincapié que “durante este tiempo, se han logrado acuerdos fundamentales para que diversas empresas generadoras de energía eólica inviertan en el Estado de Oaxaca”.
En caso contrario, “se reserva su obligación de intervenir por la vía de la legalidad cuando se amenace la paz y la estabilidad social, así como contra actos que vulneren los derechos de terceros”.

REACCIONES INTERNACIONALES
La Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, con sede en Múnich, Alemania, manifestó su preocupación “ante las crecientes amenazas y múltiples actos de represión y criminalización a la que están siendo sometidos activistas y defensores opuestos a la instalación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec”.
Daniel Tapia Montejo, responsable para México y Defensor de Derechos Humanos, “pudo constatar personalmente el clima de amedrentamiento que se vive en la región donde el 30 de enero nuestro colaborador se encontraba en Juchitán con el propósito de visitar la región para poder ver  personalmente los efectos de la instalación de los Parques eólicos en la Flora y Fauna de la región y entrevistarse con personas afectadas por dichos proyectos.
A su vez, el representante de Brigadas de Paz Internacional (PBI), Ben Leather, durante el encuentro sostenido en el gobernador, manifestó su preocupación por que el último informe de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos señala a Oaxaca como el segundo estado de México, después de Chihuahua, en número de ataques a personas defensoras en 2011.
PBI compartió la especial inquietud generada en los últimos meses, tanto dentro como fuera de México, ante la creciente tensión entre los comuneros que se oponen al proyecto eólico y la empresa autorizada a realizar la instalación.
Los propios comuneros y las organizaciones que han acompañado el proceso, como Codigo-DH y la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, denunciaron la presencia de elementos de la policía estatal con el objetivo de impedir las manifestaciones.
Es por ello que PBI externó su preocupación ante la información recibida e hizo hincapié en que los tratados internacionales suscritos por México reconocen el derecho a una consulta libre, previa e informada y a la libertad de manifestación.
En relación a la oposición a este tipo de proyectos, PBI recordó que personas defensoras han denunciado hostigamientos y agresiones en su contra como es el caso de la defensora Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea del Istmo y beneficiaria de medidas de protección de la Defensoría de Oaxaca desde 2011.
Defensoras del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO-DH y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) permanecieron en San Dionisio del Mar “ante el riesgo de un enfrentamiento derivado de la polarización social y la criminalización que se vive (en la zona Huave) hacia los opositores del proyecto eólico”.

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