Investiga Contraloría y Transparencia Gubernamental a 10 empresas fantasma en Oaxaca

 La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) investiga a 10 supuestas empresas factureras fantasma, que operaron con algunos funcionarios de dependencias gubernamentales.

“Las denuncias se presentaron de manera formal ante nosotros y las mismas se encuentran en proceso de investigación; hay un par de denuncias para salud, un par de denuncias para Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y algunas otras para la Comisión Estatal de Vivienda (CEA)”, informó el titular de la dependencia José Ángel Díaz Navarro.

Sin embargo, comentó que hasta la fecha no existe la obligación de los funcionario públicos de verificar si las empresas que participan en las licitaciones públicas están boletinadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ni que tengan que corroborar el domicilio físico señalado por las empresas, por lo que es necesario que el Poder Legislativo trabaje en este sentido, a fin de dar certeza en la contratación pública.

Reconstrucción en el Istmo

Añadió que ya presentó ante la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado una propuesta de normatividad para que se regule esta situación y los funcionarios públicos puedan llevar a cabo diversos actos antes de permitir la participación de las empresas en las licitaciones públicas o cualquier otro tipo de contratación con las autoridades estatales.

“Valdría mucho la pena platicar con los legisladores sobre el tema y coadyuvar para poder implementar esta mejora sustantiva dentro de las normas, de todos los niveles del servicio público, porque no solo implica al gobierno del estado sino también afecta a los funcionarios municipales”.

Respecto a las irregularidades detectadas en los trabajaos de reconstrucción de viviendas en el Istmo de Tehuantepec, por el sismo del 2017, Díaz Navarro reconoció que hubo empresas que no cumplieron con sus compromisos, por lo que fueron denunciadas ante la fiscalía de combate a la corrupción, con nombre y apellido.

Manifestó que además existen ocho expedientes en el Tribunal de Justicia Administrativa por faltas administrativas graves tanto por parte de funcionarios públicos, como representantes de las empresas, porque hay que recordar que ahora las empresas también pueden ser sancionadas.

“Desafortunadamente por la pandemia hubo suspensión de actividades en el tribunal y pronto se pondrán al corriente, por lo que se espera que se castigue con las penas correspondientes a los responsables de estas situaciones”.

Díaz Navarro destacó que es importante mantener una constante comunicación entre los tres poderes del estado: ejecutivo, judicial y legislativo, a fin de revisar, actualizar y homologar las leyes en materia de combate a la corrupción, en beneficio de la sociedad oaxaqueña.

Vía NVI