Campesinos que rentan tierras a eólicas en 4 municipios de Oaxaca exigen revisión de contratos

#Istmo | Campesinos del Istmo de Oaxaca que rentan sus tierras para los aerogeneradores que producen electricidad con la fuerza del viento reclaman ante las empresas eólicas incumplimiento de cláusulas. Desde hace 12 años, Guadalupe Ramírez Castellanos pelea en el Tribunal Agrario de Tuxtepec la nulidad de un contrato suscrito con Desarrollo Eólico de México (Demex). Todos esos años sus tierras, en Unión Hidalgo, han estado hipotecadas. 

En esta comunidad zapoteca del Istmo se resumen las denuncias campesinas sobre abusos de las empresas eólicas, así como la intención de que se revisen los contratos  firmados por hasta 30 años y que ahora buscan terminarlos.

Igual que en Unión Hidalgo, campesinos de otras  comunidades del Istmo de Tehuantepec que rentan sus tierras para los aerogeneradores que producen electricidad con la fuerza del viento reclaman ante las empresas eólicas la revisión de sus contratos,  algunos porque  ya vencieron o  están próximos, pero la mayoría porque denuncian que las compañías han incumplido con cláusulas.

Disputa por la vigencia 

“Viene una larga y dura pelea legal para los campesinos del Istmo de Tehuantepec”, advierte, por ejemplo,  el presidente de la Unión de Propietarios de Energía Renovable (Uperi), Porfirio Montero Fuentes, quien encabeza la exigencia  en  La Ventosa, que pertenece a Juchitán, hacia  Iberdrola, para revisar los contratos firmados en 2005.

En enero de 2009, la compañía española Iberdrola puso en operación su primer parque en La Ventosa, comunidad zapoteca. El contrato para el arrendamiento de las tierras se firmó en 2005 y, de acuerdo con los campesinos, tendría una vigencia de 10 años. En cambio, la empresa  asegura que sería de 20 años. 

“Iberdrola argumenta que la vigencia del contrato es por 20 años y estaría venciendo en  2025. Para nosotros, ese contrato venció en 2015 y por eso exigimos la revisión y,  si no quieren, que se vayan. 

“Nosotros podemos producir la electricidad y los aerogeneradores están en nuestras tierras”, acusa el presidente de la Uperi, Porfirio Montero Fuentes.

Para mediar entre la empresa y los campesinos, que firmaron contratos individuales, el gobierno de Oaxaca designó al subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno (Segego), Javier Jiménez Herrera, quien pidió a ambas partes  que se ajusten a la ley y a la razón, con el fin de que nadie salga perjudicado.

Jiménez Herrera dice que tras una revisión  se determinó que  los  contratos  se modificaron  y quedaron con vigencia de  20 años, lo que significa que vencerán en 2025. Iberdrola declinó hacer comentarios.

La granja eólica que la española construyó en La Ventosa se llama Parque Ecológico de México y cuenta con 94 aerogeneradores que producen 80 megawatts. 

En su momento, fue el segundo parque eólico del país y el primero en ser financiado por la iniciativa privada. 

Desde hace un mes, dos de los accesos al parque fueron cerrados por los dueños de las tierras, pues además de la revisión de los contratos, los 85  pequeños propietarios  demandan la limpieza de los caminos del parque, apoyos a la producción agropecuaria, electrificación de los ranchos  dentro del polígono y la construcción de casetas de vigilancia en  los accesos.

En mayo de 2019, Mitsubishi Corporation, bajo el nombre de Eólica del Sur, inauguró el parque eólico más grande de América Latina en terrenos de El Espinal y Juchitán, llamados Stipa Bii (Fuerza del Viento) y Bi Nisa (Brisa del Mar), respectivamente. En ambos  hay 132 aerogeneradores que producen 396 megawatts de electricidad. 

Desde los primeros meses de su operación, ambos polígonos fueron testigos de las primeras protestas para exigir el   cumplimiento de compromisos, como la limpieza de vialidades, entrega de bonos y pagos de afectaciones permanentes por la introducción del cableado subterráneo, entre otros. 

Sin embargo, en el polígono Bi Nissa, donde hay 60 aerogeneradores, se extendió la protesta a partir de noviembre de 2020 y concluyó en marzo pasado, con la detención de Arturo Martínez,  presidente del grupo campesino Xhuba Yachi (Maíz Blanco), acusado de  delitos de despojo y asociación delictuosa.

“Nosotros solamente exigimos el pago puntual de la renta, demandamos que pagaran íntegramente el derecho de viento, la limpieza de las vialidades y los daños provocados por la introducción del cableado subterráneo”, dice el campesino, quien estuvo detenido   seis días.

“Me inventaron esos delitos, cómo van a acusarme de despojo de mis tierras”, comenta  Arturo Martínez, quien  está libre  bajo fianza. 

“Vamos a resolver nuestra situación jurídica y retomaremos las exigencias. No podemos permitir que con el apoyo policiaco la empresa evada sus responsabilidades. Hay un contrato de por medio y tienen el deber de cumplirlo”, asevera.  

Tierras hipotecadas

Cuando la empresa Demex, que produce electricidad para la mayoría de las plantas de la panificadora Bimbo, llegó a Unión Hidalgo en busca de tierras, hubo una euforia que primero envolvió a las familias campesinas  y después se fue disipando.

Guadalupe Ramírez  es una de las 20 personas que se desencantaron del proyecto cuando supieron las restricciones en el uso  y,  aunque firmó en 2009 un contrato por 30 años con Demex, filial de la española Renovalia Energy, de inmediato demandó la nulidad y el caso está en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Tuxtepec.

La empresa no tocó sus tierras en el desarrollo del proyecto eólico, tampoco le están pagando, pero ha puesto trabas para que acepte la cancelación del contrato, pese a que el parque eólico Piedra Larga empezó a operar en octubre de 2012.

“En 2012  acudí a  Financiera Rural a solicitar un crédito para la compra de semillas de sorgo. Traté de colocar en garantía una parcela de 50 hectáreas. Me negaron el préstamo porque Demex financió su parque eólico hipotecando mis tierras”, lamenta la mujer. 

Mientras Demex no libere el contrato por el cual no le paga, las tierras de  Guadalupe seguirán hipotecadas y no podrá solicitar  créditos ni venderlas.

No se construyó el parque

El 3 de septiembre de 2011, Roberto Ruiz Toledo firmó un contrato de arrendamiento con la empresa Eólica Unión Hidalgo, que desde   2006 empezó a buscar tierras para reservar. Otros 180 campesinos suscribieron convenios similares, animados por los ingresos adicionales a sus actividades de  siembra de maíz o sorgo y cría de ganado.

Por la reserva de sus tierras, los campesinos empezaron a recibir un pago anual de 200 pesos por hectárea, que mediante la exigencia de los propietarios de las tierras fue incrementándose año tras año hasta  2018, cuando el pago se situó en 2 mil pesos. Desde entonces, los diferentes representantes de Eólica Unión Hidalgo suspendieron la comunicación... y los pagos.

Ante el incumplimiento en pagos y en la construcción del parque eólico, los campesinos, a través de sus representantes de comités, Jesús Blas, Cándido Ruiz y Jesús Santiago, exigieron desde la primera semana de diciembre de 2020 la cancelación de los contratos para que sus tierras sean libradas de  hipotecas.

El parque eólico nunca se construyó porque ninguna de las compañías eléctricas, como Iberdrola, EDF, Gamesa o Mitsubishi, mostró interés en el proyecto. El futuro de Eólica Unión, como de otros, es incierto porque la 4T canceló a principios de 2019 la construcción de la línea de transmisión directa para evacuar la electricidad producida en los parques eólicos de Oaxaca.

A estos casos se suma el de El Espinal,  donde  campesinos y ganaderos  han demandado la revisión  a los directivos de las seis compañías  asentadas en sus tierras: Enel Green Power, Peñoles, Grupo México, Iberdrola, EDF y Eólica del Sur, según  confirma el edil Hasael  Toledo.

Vía EL UNIVERSAL