Ambientalistas alertan sobre el Desarrollo del Istmo



#Istmo 13.06.20 (#NoticiasIstmo).- A pesar de los muy malos pronósticos para la economía mexicana e instalado ya en las elecciones del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue adelante con sus programas prioritarios prometidos desde su campaña presidencial.

Además de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, el mandatario ofreció la implementación del plan de “Desarrollo del Istmo de Tehuantepec” que busca la reactivación económica del sureste del país a través de una inversión, solo en 2020, de más de 3,000 millones de pesos y 7,000 empleos en las primeras obras.

El programa incluye proyectos de transporte, energéticos y parques industriales, cuya pieza central es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual, no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) general ni se respetó el derecho a la consulta libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a las comunidades, así lo aseguró Luis Fernando Pérez Macías, miembro del colectivo Goecomunes entrevistado por el portal Sin Embargo.

“No hay un Manifiesto de Impacto Ambiental general de todo el proyecto porque ninguna Ley lo solicita. Y las dos MIAs aisladas (modalidad regional) sobre ciertas partes están llenas de omisiones, especulaciones y suposiciones; están mal hechas”, dijo

En la región ya se busca dar facilidades fiscales para que empresas se establezcan en 10 parques industriales y se generen empleos.

“Serán ‘cortinas’ para detener a la gente al no tener la necesidad de abandonar sus comunidades para ir al norte a buscar trabajo”, explicó López Obrador el domingo 7 de junio en Medias Aguas, Veracruz, durante el inicio de la obra de rehabilitación del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

La Zona Libre del Istmo de Tehuantepec, con exenciones de impuestos, será una franja de 20 kilómetros a cada lado de los 200 kilómetros de largo del ferrocarril, área que involucra 48 municipios de los 79 que contempla el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por lo que sería la zona libre con mayor cantidad de municipios involucrados.

El medio destaca que esta parte del proyecto se estima concluir en abril de 2021, pero las MIAs omiten cuántos trenes serán (de carga y pasajeros), cuántas veces por día pasarán, dónde estarán las estaciones y cómo lo adecuarán a su derecho de vía pese a las curvas existentes.

Solo se sabe que se prevé incrementar la velocidad de 20 a 70 kilómetros por hora, y el tren de pasajeros podrá alcanzar velocidades de 100 km/hr, lo que permitirá incrementar el volumen de toneladas netas transportadas anualmente, destacó durante el banderazo en Veracruz, el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), Rafael Marín Mollinedo.

Carlos Beas, habitante de Matías Romero, ciudad ubicada entre Coatzacoalcos (Veracruz) y Salina Cruz (Oaxaca), dijo al medio que antes que nada, el Gobierno federal debe enfocarse en el “rezago grave” de los servicios públicos que padece la región como la escasez de agua potable, falta de manejo de desechos sólidos, drenaje e infraestructura para educación media superior y superior.

Además, en una zona donde la mayoría se dedica a la agricultura, ganadería y comercio, “el gobierno revive un viejo proyecto para beneficiar el circuito de mercancías para intereses del capital internacional”, acusó.

Recordó que del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) a la fecha, se han instalado 27 parques eólicos con mil 988 aerogeneradores operando, “pero no han generado beneficio a la población, sino conflictos beneficiando a empresas españolas y francesas”, aseguró Beas.

Esta es la región con mayor generación de energía eólica de México al concentrar la mitad de todos los parques operando a nivel nacional y el 46% de la capacidad instalada hasta enero de este año, documenta Geocomunes.

El medio destaca que ante el megaproyecto, pobladores del municipio oaxaqueño de San Juan Guichicovi promovieron un amparo que está en proceso, porque “no han sido invitados a ninguna asamblea informativa”.

En la región han notado “una gran cantidad de requisitos” de los jueces para aceptar un amparo, por lo que algunas solicitudes de suspensión “perdieron sentido” porque los avances de la obra se han ido consumando, advirtió Beas.

El medio destaca que el pasado mes de febrero, la empresa pública Ferrocarril Istmo de Tehuantepec (FIT) licitó los primeros cinco contratos por 2,640 millones de pesos para la rehabilitación de 200 kilómetros de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo que va de Medias Aguas, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca.

A lo largo de la vía férrea, se establecerán “10 Polos de Desarrollo para el Bienestar” (parques industriales) acorde a las vocaciones productivas locales, donde se atraerá la inversión privada por medio de estímulos fiscales y no fiscales, para generar empleos.

Solo para la rehabilitación de las vías del ferrocarril del Istmo y la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz se harán inversiones por más de 20,000 millones de pesos en el periodo 2019-2022. En el proyecto total se estima una inversión de 213, 917 millones de pesos a más tardar para 2023, en una región habitada por 2.23 millones de personas en 79 municipios (46 de Oaxaca y 33 de Veracruz), donde existen 1,245 ejidos y 35 comunidades.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el domingo 7 de junio cuidar que las concesiones “queden en firme para prohibir la privatización” y buscar una “forma adecuada de empresa pública” en donde participe el gobierno federal y estatales para “que no se privaticen estos bienes, que sean de la Federación y que sean de los estados”. Estas primeras licitaciones para rehabilitar el Ferrocarril se dieron a empresas nacionales y a tres españolas.

El contrato más grande que asciende a 810 millones de pesos para el tramo Ubero-Mogoñe en Oaxaca del Tren del Istmo, lo lidera Grupo Hermes (La Peninsular), propiedad de Carlos Hank Rhon. Dos meses antes, la empresa pública Ferrocarril Istmo de Tehuantepec dio un contrato por 10 millones 889 mil pesos a Seguros Banorte, también de la familia Hank.

“El caso de La Peninsular nos llamó la atención porque pertenece al heredero de uno de los líderes del Grupo Atlacomulco (Carlos Hank González), uno de los grupos de mayor poder dentro del PRI que durante años hicieron negocios. La mafia del poder no desapareció, sigue recibiendo beneficios como Grupo Carso en el Tren Maya”, dijo el opositor al proyecto, Carlos Beas.

En 2020, el también presidente de Banorte reporta una fortuna de 2,000 millones de dólares en el ranking de Multimillonarios 2020 de Forbes México, un 23% menos que en 2019, con lo cual ocupa el lugar 12 entre los empresarios más ricos del país. Asimismo, es uno de los mexicanos que figuran en el listado de Billionaires de Forbes USA.

El pasado mes de mayo, el semanario Proceso publicó que en el primer trimestre del 2020 las empresas pertenecientes a Carlos Hank González hijo y Carlos Hank Rhon recibieron al menos 24 contratos públicos por parte del Gobierno federal por un monto de más de 7 mil 695 millones de pesos.

De 2007 a 2015, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó el pago de impuestos a algunas de sus empresas por 202 millones 324 mil pesos, reveló Fundar el año pasado. A Banorte, por 172 millones 854 mil pesos; a Seguros Banorte, por 3 millones 305 mil pesos; a Afores XXI Banorte, por 20 millones 62 mil pesos; y a Operadora de Fondos Banorte, 6 millones 103 mil pesos.

La Peninsular trabajará junto con Comsa Infraestructuras el tramo Mogoñe-La Mata del Tren del Istmo, por 549 millones de pesos. La firma participó a finales de 2014 en un tramo de la Autopista Arco Norte, el libramiento más grande de México de 223 kilómetros ampliado en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, la renovación de cada uno de estos cinco tramos requiere de la autorización de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) específica. Pero únicamente el tramo de 12 kilómetros entre Mogoñe y La Mata tiene una MIA autorizada con condicionantes. La MIA del tramo de Medias Aguas a Ubero no había sido aprobada al momento de la licitación y el proceso de evaluación ha sido suspendido, subrayó el colectivo Geocomunes.

“Los proyectos de rectificación de los tramos deben presentar una Manifestación de Impacto Ambiental a pesar de que se insista en que usarán el mismo derecho de vía. Pese a esto, al momento de otorgar las licitaciones (5 de febrero) la Secretaría del Medio Ambiente no había aprobado ninguno de éstos (existía una aprobación, pero con condicionantes)”, dice la investigación.

Luego de los señalamientos de comunidades por las omisiones, errores y ocultamiento de información de una de las MIAs, sobre las posibles afectaciones a la fauna y flora así como posibles desalojos de habitantes que generará la obra, el 3 de marzo la Semarnat decidió suspender la evaluación de la MIA del tramo de Medias Aguas a Ubero. El derecho de vía existente les da muy poco margen para disminuir el ángulo de algunas curvas muy pronunciadas.

“El problema es que en los proyectos de infraestructura no se hace una sola MIA, sino por tramos. Y no se tiene una antes de la licitación de contratos”, aseguró Yannick Deniau, miembro de Geocomunes. “Se otorgan licitaciones por pedazos y después se buscan las autorizaciones ambientales por pedazos, aunque el daño sea general”, dijo.

Los impactos

Para dimensionar los impactos sociales y ambientales del “Desarrollo del Istmo de Tehuantepec” se tendría que evaluar en conjunto lo que provoca instalar al mismo tiempo un ferrocarril, autopistas, gasoductos, parques eólicos, aeropuertos y corredores industriales, dijo el colectivo Geocomunes.

“La combinación de esos impactos a nivel local y regional provocará cambios en los modos de vida que son imposibles de cuantificar al analizar por partes debido al uso de suelo que existe. La región tiene una vocación agrícola y se hará maquiladora. Gran parte es zona ejidal y hay opacidad sobre los acuerdos respecto a la tenencia de la tierra (compra, renta…)”, aseguró el investigador de Geocomunes, Yannick Deniau.

Detalló que el trazo del tren pretende cruzar (o pasar muy cerca) del territorio de 52 ejidos y de una comunidad. Los capitales interesados en invertir ahí, prevé la investigación de Geocomunes, desplegarán un abanico de mecanismos, ya ensayados ahí y en otras geografías del país, para coaccionar a las comunidades y hacer lo posible por meter sus obras en la región.

“Con este proyecto, el riesgo de división comunitaria, de erosión y privatización de la propiedad social es muy alto. Una vez que la tierra comunal o ejidal se renta o se vende para cualquiera de estos proyectos, no hay vuelta atrás. Ya que se desarrollan esos parques industriales, con actividades sumamente contaminantes no hay manera que se vuelva a reconstituir en ellas la vida comunitaria que se sostenía en ellas”, expone.

El 30 y 31 de marzo (un mes después de haber licitado los primeros cinco contratos) se realizó una consulta en asambleas regionales, donde se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos zapoteco, mixe, zoque, huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, con base en los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dice la Manifestación de Impacto Ambiental Regional.

Pero el habitante del Istmo Carlos Beas aseguró que se trató de “una simulación” para legitimar el proyecto, ya que no respetaron los estándares internacionales para que sea libre, previa e informada. Al menos 32 localidades de Oaxaca no fueron consideradas, dijo.

“El Gobierno de López Obrador está imponiendo un megaproyecto que busca utilizar la mano barata. Todas las instancias del Gobierno tienen línea presidencial para que el proyecto se haga pasando por encima de nuestros derechos”, afirmó.

“Revisando los casos de Ciudad Juárez, Tijuana y otras zonas donde se han establecido corredores industriales vemos impacto social y ambiental. Aquí hay escasez de agua potable, no hay manejo de aguas residuales. El establecer nuevas zonas urbanas impactará los sistemas hídricos y habrá más inseguridad del crimen organizado”, aseguró.

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